El periodo neoliberal declarado abiertamente en la década de los 90, fluye ante una realidad de globalización que capitaliza la desterritorialización de los procesos productivos. Esto ha sido posible por la puesta en marcha de políticas que facilitaron como menciona Bourieu (1997), la disminución del costo de mano de obra, reducción del gato público y la flexibilización del trabajo. Además, de las garantías hacia las empresas para realizar acciones de sobre explotación de los recursos naturales, mercantilizando la vida misma a partir de la desregulación de las actividades económicas.

Es importante señalar que, durante este periodo, tanto los pueblos originarios como los pequeños productores han sido excluidos de un proyecto de destrucción sistémica de lo colectivo, priorizando la propiedad privada, la individualidad y la competencia, donde estas formas difieren de la lógica comunitaria y solidaria vivida de manera tradicional en ambos actores, pero que representa un obstáculo a la ampliación del libre mercado.

Este impulso de la nueva faceta del capitalismo que penetra en América Latina a partir del llamado consenso de Washington, dictando las políticas públicas aplicadas por los gobiernos del continente como condición en la reconfiguración de la deuda externa, aumenta la desigualdad social, llegando al incremento de la pobreza en cifras antes no registradas.[1]

La respuesta de la sociedad ante este panorama ha sido un camino de luchas, propuestas y diálogos permanentes en diferentes niveles, pero un efecto social casi generalizado es el surgimiento de formas organizativas que en algunos casos logran impactar en marcos legales que ha redireccionado países, en el llamado nuevo “Constitucionalismo Latinoamericano”.[2]

Las alternativas de resistencia, como el caso de los Pueblos Originarios han jugado un papel importante en América Latina logrando visibilizar al continente como un territorio multicultural y pluri étnico. Además de impulsar los derechos ambientales vinculados a los derechos indígenas, otorgando a la naturaleza el reconocimiento como sujeto de derecho. A esto podemos incorporar la aportación de modelos de convivencia Buen vivir (sumak kawsay) y Vivir bien (suma kamaña).

Otros actores aparecen en busca de vías alternativas al sistema, reconsiderando las bases de las otras economías. Así se ha construido un gran movimiento mostrando que, a partir de los saberes colectivos, ancestrales y alternativos otro mundo si es posible, donde formas de producir, transformar y distribuir con más armonía con la madre tierra. Indígenas, campesinos, movimientos de mujeres, jóvenes, obreros, movimientos urbanos y rurales, han construido experiencias consolidando desde la práctica bases para propuestas que puedan transitar del hecho al derecho.

Las experiencias de Ecuador y Bolivia, por ejemplo, ponen en los ejes de la controversia una discrepancia entre los derechos de los Pueblos Originarios y los procesos de un neoliberalismo con intenciones claras de aniquilación. En estos territorios la diversidad busca un espacio para manifestar la riqueza de expresiones marcadas en cada objeto que se lleva al mercado, ampliando las estructuras de intercambio que rompen con la monetización dando cabida al trueque, tequio y otras formas solidarias de construcción de comunidad.

Tanto Bolivia como Ecuador logran llevar la voz de los Pueblos Originarios a partir de luchas importantes, plasmando leyes que han sido un reto el llevarlo a la práctica con la resistencia de poderes económicos generados en el periodo neoliberal. Este proceso ha sido un camino inconcluso de organizaciones que apuestan en el día a día el ejercicio de sus derechos con un diálogo permanente que modifique las relaciones de poder, llevando a la realidad una democratización social.

En Bolivia, el Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo (MESYCJ), nace en 2008 a partir de un trabajo colectivo de representantes textiles, campesinos, artesanos del cuero, alimentos frescos y transformados, así como trabajadores artesanales. En el camino se han ido involucrando diversas cooperativas productoras de café, cacao y quínoa.

El MESYCJ se presenta como un promotor, difusor y defensor de otras formas de economía donde se trabaja con los principios de solidaridad, reciprocidad, respeto mutuo y ahora, con énfasis en el desarrollo en todos los ámbitos de la mujer.

Ha tenido participación en la elaboración y socialización del   Plan Estratégico Plurinacional de Bolivia en coordinación del Ministerio de Desarrollo productivo y Economía Plural y el Viceministerio de comercio interno y Exportaciones. Así como Organización de espacios de debate sobre los instrumentos de economía solidaria y comercio justo[3].

En el caso de Ecuador, organizaciones como el Movimiento de Economía Social y Solidaria (MESSE) como lo menciona Pérez (2022)[4], han logrado que pequeños y medianos productores en la zona, lleven a cabo Ferias Solidarias como una estrategia que permita mejorar la comercialización campesina a través de circuitos cortos, revalorando la importancia de la agricultura familiar campesina en los territorios rurales y urbanos, logrando la recuperación de relaciones sociales de producción e intercambio más justas entre el campo y la ciudad. Además, permite la conservación y recuperación de la agrobiodiversidad, impulsando el reconocimiento a la producción local fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria, a través de los pequeños campesinos agroecológicos.

La experiencia de Bolivia y Ecuador están basadas en cambios realizados de forma profunda. Sin embargo, son caminos largos de transición con un permanente diálogo de reconstrucción para llevar a la práctica los resultados de una resistencia económica. La participación de organizaciones sociales como portavoz en la construcción de políticas públicas, permite la institucionalización de dichos procesos de resistencia posicionando como prioridad al trabajo autogestivo y colectivo.

Sin embargo, en América Latina, los procesos sociales, políticos y culturales son tan diversos como su territorio. En él existen países como Brasil, el cual impulsa un cambio a partir de ajustes en un marco preexistente, donde se enfrenta a una distribución de la tierra de forma inequitativa, donde la búsqueda de justicia ha generado organizaciones como el Movimiento de los Sin Tierra impulsando movilizaciones de más de 60,000 familias.

En el caso de países como Perú y México han realizado iniciativas de políticas públicas como resultado de movimientos campesinos. Sin embargo, los marcos constitucionales no han beneficiado procesos de impacto nacional. A pesar de esto, han generado iniciativas locales que logran poner en la agenda política modificaciones necesarias ante los efectos que surgen de un sistema basado en la sobreexplotación social y natural.

En esta búsqueda de un mundo más equitativo y justo, el papel de la mujer ha sido fundamental, partiendo que en Latinoamérica más del 50% de los hogares, existe una mujer jefa de familia, la cual con presencia o ausencia del hombre sufre los efectos de desprotección laboral, encontrando una alternativa en el trabajo autogestivo, el cual permite el ingreso económico, además de la tarea de la crianza o del cuidado.

Las organizaciones de mujeres pueden tener varias finalidades como la capacitación, los derechos humanos, los feministas o los de subsistencia.[5] Estas organizaciones atraviesan por dificultades como la crítica social y la violencia familiar como consecuencia de realizar trabajo fuera de casa, que en el caso de muchas mujeres lo realizan por primera vez. Por otra parte, estas organizaciones logran generar una conciencia colectiva de la condición del ser mujer, modificando en algunos casos su posición social y política.

Latinoamérica muestra formas de construcción en la incidencia de políticas públicas, con una amplia diversidad, con actores que han vivido efectos de un neoliberalismo que ha modificado parte importante de su territorio. Sin embargo, los movimientos sociales de campesinos, mujeres, jóvenes, indígenas, urbanos o rurales demuestran que otro mundo es posible a partir de la organización, el diálogo, la colectividad y la solidaridad.

 

Por Rosario Anaya, Comisión de los Pueblos Originarios  y Karin Berlien

 

 

[1] 200 millones de pobres. 70 millones más que la década de los 80, Calvento, 2006.

[2] Mencionado en el artículo Nuevo Constitucionalismo, derechos y medio ambiente en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Aparicio, 2011.

[3]Tomado de Documento elaborado por la comisión de Género de RIPESS LAC.

[4] Pérez Deysi, 2022.  integrante de RIPESS LAC desde la comisión de incidencia política.

[5] Cañadel, R. 1996